Por Carmen Basteiro Titular de prensa que resume perfectamente la situación. Le hablo, por supuesto, del NEGOCIO de la educación privada, que vive un «boom» en toda España.
Los fondos de capital riesgo y las grandes fortunas buscan alta rentabilidad en colegios, universidades y centros de FP y controlan ya más de un tercio de la enseñanza superior. Organizaciones como el Opus Dei o la Asociación Católica de Propagandistas. Fondos como Permira (accionista de eDreams), EQT (antiguo dueño de Idealista), CVC o Portobello.
Cuando comenzamos a preguntar por todo lo referente a la llegada del negocio de compraventa de títulos universitarios a Asturies —en comisión, en Pleno— nos sentíamos solas. Pero nunca tuvimos dudas. Y ya se unen más voces.
Comisiones Obreras ha presentado un contencioso-administrativo para intentar frenar la llegada de estas universidades. Sectores académicos y el rectorado han mostrado su preocupación, calificando esta implantación como una amenaza a la universidad pública. Profesionales del sector SALUD han criticado duramente la autorización de centros privados, especialmente por la competencia en el uso de centros de salud públicos para prácticas, lo que consideran “lesivo” y “populista”. Colectivos sociales han tachado la autorización de estos centros de “irresponsable” y han cuestionado quién garantiza la calidad de la enseñanza en estas nuevas instituciones.
Recientemente los sindicatos ISA e INAST presentaron un informe titulado “LA OFENSIVA DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN ASTURIAS: HERRAMIENTA PARA EL DEBATE PÚBLICO”.
Un debate público imprescindible y que usted y su Gobierno están evitando.
No todos. Su socio de Gobierno ha mostrado su oposición a la implantación en Asturias de universidades privadas. Ayer mismo, en esta Cámara, desde el PP le preguntaban por este posicionamiento, tratando de presentar como un desastre, un cataclismo en la gobernabilidad, lo que es una discrepancia lógica. Al menos una parte del Gobierno progresista y reformista ha reaccionado.
Por cierto, el Partido Popular estará encantado, claro. Es su modelo. Ayuso ha conseguido ya asfixiar a la universidad pública. Ayer mismo la Complutense declaraba su propia bancarrota.
Hay un cambio estructural en el modelo universitario, con un desplazamiento progresivo del peso institucional desde lo público hacia la iniciativa privada. Un cambio que ha llevado al borde del abismo a la universidad pública en Madrid.
La educación superior deja de ser vista como lo que debe ser —un servicio público— para convertirse en un espacio de interés estratégico para empresas y fondos de inversión.
¿Qué impacto tienen sobre la universidad pública?
¿A quién benefician realmente estos proyectos?
¿Qué papel juegan las administraciones públicas, muy concretamente su Gobierno?
¿Son necesarios ESTOS nuevos centros universitarios?
Sectores como la sanidad y la educación son muy atractivos debido a su demanda estable, el apoyo público indirecto y un bajo riesgo reputacional: un mercado susceptible de generar beneficios constantes.
No caiga en la tentación de contestar que sí en el caso de titulaciones con alta demanda, como el ámbito SALUD. Porque de ninguna manera la cantidad puede sustituir a la garantía de calidad, desde el acceso hasta la titulación final.
Su modelo no puede ser la privatización de nichos formativos de alta demanda, con precios de matrícula que superan los 12.000 € por curso, estableciendo una barrera económica que redefine el acceso al conocimiento especializado y consolida un sistema universitario crecientemente segregado por renta.
¿Cómo encaja con el avance en la gratuidad de la matrícula universitaria? Me pareció escucharle el otro día en rueda de prensa: gratuidad solo para la pública. Solo faltaba.
La gratuidad de las matrículas en el presente curso facilita el acceso a la universidad a personas con menor capacidad económica, incluidas aquellas que no han podido acceder a una beca. Quien dispone de recursos suficientes no necesita acreditar un expediente destacado para financiar sus estudios, mientras que para el resto el coste puede convertirse en un obstáculo determinante.
Garantizar que estudiantes de todos los estratos sociales puedan acceder a la universidad no solo amplía oportunidades individuales, sino que contribuye a la cohesión social y a la calidad democrática.
La Universidad Europea plantea la creación de una universidad de nueva implantación y que, por tanto, exigiría la aprobación de una ley específica por parte de la Junta General del Principado. Ya dijimos alto y claro que no la apoyaremos. No pasa nada: tendrá a la derecha encantada de apoyarla.
Otras dos universidades privadas —Alfonso X El Sabio y Nebrija— utilizan el atajo de los centros adscritos, adscripción aprobada mediante decreto del Gobierno de Asturies en octubre de 2025.
Estas decisiones afectan directamente al modelo universitario asturiano, al uso de recursos públicos y a la planificación educativa a medio y largo plazo. Sin embargo, se han adoptado sin debate público previo, sin participación social efectiva y sin la transparencia administrativa exigible.
Una vez autorizados los centros, con alumnado matriculado y titulaciones en marcha, resulta políticamente muy difícil cerrarlos, incluso si no cumplen los requisitos iniciales. En ese contexto se abre la puerta a un escenario preocupante: la posible utilización de fondos públicos para rescatar proyectos privados fallidos con el argumento de no perjudicar al estudiantado.
Le recuerdo la cesión del Palacio de Camposagrado para la implantación de los estudios de Enfermería del centro adscrito a la Universidad de Nebrija. Esta decisión ha supuesto el desalojo de la Escuela de Arte, un centro público, sin que conste un proceso transparente de evaluación de alternativas ni un consenso real con la comunidad educativa afectada.
La entrega de patrimonio público a una entidad privada sin información accesible ni justificación detallada constituye un precedente grave en términos de gobernanza y gestión responsable de los recursos colectivos.
Convenios para la realización de prácticas del alumnado de ciencias de la salud de la privada en los centros del SESPA. No sé si hará referencia a la sentencia del TC sobre la política del Botànic y su propuesta de limitar estas prácticas. Mire: no se podrán prohibir, pero desde luego NO es obligatorio facilitarlas.
Si se impone el modelo de compensaciones económicas a los centros sanitarios, introduciendo una lógica de competencia basada en la capacidad financiera de cada universidad, acabaremos como Murcia…
En el caso de la Universidad Europea, a la que su Gobierno garantizaba —al menos en prensa— agilizar los trámites, se conoce la adquisición de terrenos en la Pecuaria de Gijón por parte del grupo educativo promotor y poco más. Hay opacidad administrativa frente a avance material del proyecto.
En dos ocasiones recientes hemos preguntado en comisión por el estado real de este proyecto y en qué medida se ajusta a las exigencias del decreto que endurece los requisitos para la puesta en marcha de universidades privadas. El Real Decreto 640/2021 exige, por ejemplo, la dedicación de al menos el 5 % del presupuesto a la investigación y que el 2 % se obtenga mediante concursos competitivos.
La mayor parte de la investigación en educación superior se realiza en instituciones públicas porque es un ámbito que requiere dinero y proyectos a largo plazo.
¿Sabe qué otra cosa nos preocupa? Las PUERTAS GIRATORIAS entre el sistema universitario público, la esfera política y los proyectos empresariales privados de educación superior. Revisen el listado de personas integradas o dispuestas a integrarse en sus estructuras una vez concluida su carrera en el sistema público.
Revisemos el Patronato de la Universidad de Nebrija. Legal será. Pero no es ético ni estético. Contribuye a explicar la facilidad con la que estos proyectos avanzan, la benevolencia del tratamiento mediático y la ausencia de un escrutinio público real.
El avance de los centros privados no se produce de manera neutra ni complementaria: se apoya, en gran medida, en el debilitamiento deliberado de la universidad pública mediante políticas sostenidas de asfixia financiera y administrativa.
No olvidemos que es parte de la estrategia de la derecha desacreditar a las instituciones académicas, presentándolas como espacios ideológicamente sesgados, erosionar su legitimidad social, su prestigio científico y su capacidad de influencia.
La expansión acelerada de la universidad privada no es la respuesta espontánea a las necesidades del sistema universitario. Es una opción política deliberada, orientada a favorecer el beneficio empresarial y la lógica del mercado educativo frente a la planificación pública, la igualdad de oportunidades y el interés general.
¿De verdad es su opción?
Resulta imprescindible frenar la expansión de proyectos privados hasta que Asturias cuente con una ley universitaria propia que defina de manera transparente las prioridades estratégicas del sistema.
Por cierto: en Asturies no existe todavía una ley universitaria autonómica propia que defina de manera transparente y participada las prioridades estratégicas del sistema universitario asturiano. URGE.
Participaron activamente en dar facilidades a Quirón para instalarse en Xixón, comenzando por una operación urbanística —con intercambio de parcelas— como mínimo sospechosa. Derivaciones a la Clínica Covadonga, participada por Ribera Salud.
¿SE ACUERDA?
La empresa especuladora cuyo CEO invitaba a rechazar pacientes complejos y a reutilizar material no reutilizable.