Por Carmen Basteiro
La diputada del Grupo Mixto en la Xunta Xeneral y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, anunció hoy la presentación de una Proposición de Ley para modificar la legislación y vetar de los altos cargos de la Administración autonómica, por un plazo de quince años, a personal que haya sido reprobado por comisiones de investigación en el Parlamento asturiano.
Esta propuesta llega después del nombramiento del nuevo Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. “Esta persona ya fue señalada por una comisión de investigación de este Parlamento, en el marco del ‘caso Marea’. Se habló de su negligencia, entendemos que no podemos perpetuar nombramientos en estas circunstancias”, explicó Tomé.
«En una semana comenzará una nueva comisión de investigación (por el accidente minero de Degaña) y queremos que cumpla el objetivo que nos marcamos desde el inicio; que sea útil”.
En concreto, el dictamen de la comisión del “caso Marea” señaló a este cargo “por por su negligencia, dejación de funciones en la contratación, control y coordinación de los servicios de las Consejerías; lo que facilitó las actuaciones de la funcionaria, Marta Renedo (…)”.
“Ahora se le nombra para un nuevo cargo, idéntico al que tenía, pero en otra Consejería”, apuntó Tomé. Añadiendo que “es inadmisible y nosotras entendemos que teníamos que actuar”.
La Proposición de Ley que presentará el Grupo Mixto-Covadonga Tomé, que se refiere a la Ley 8/2018 de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, se concreta en el punto que define quiénes son altos cargos y habla de la imposibilidad de ocuparlos por aquellos que hayan perdido su “honorabilildad”. Tomé propone añadir a los puntos actuales que delimitan esta “pérdida de honorabilidad” a aquellas personas que hayan sido dictaminadas por una comisión de investigación parlamentaria.
La diputada también destacó que esta Ley establece la puesta en marcha de una Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como un Consejo del mismo área, en un plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Ese plazo terminó en marzo de 2018; pero el Gobierno de Asturies sigue sin cumplir este punto.