Por Carmen Basteiro La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, presentó este martes el borrador del dictamen de la comisión en rueda de prensa. Tomé estuvo acompañada por la coportavoz de Somos Asturies, Laura Tuero,
El documento, ya trasladado a los miembros de la comisión para que formulen sus propuestas, concluye que la tragedia no fue un accidente en sentido estricto, sino el resultado de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una actividad extractiva clandestina, deliberada y prolongada en el tiempo.
«Un accidente es un evento inevitable, imprevisible. Lo que ocurrió en Zarréu fue una cadena de decisiones administrativas deficientes, de omisiones de control y de una actividad de extracción clandestina, deliberada y prolongada en el tiempo que se pudo detectar y que se pudo prevenir», destacó Tomé.
El dictamen pone el acento en la incompatibilidad absoluta entre el proyecto de cierre firmado en 2019 y el posterior proyecto de rehabilitación y restauración de 2021, ambos firmados por la entonces directora general de Minas, que autorizó simultáneamente la transmisión de derechos de explotación.
Tomé destacó que «todas estas bocaminas, todos estos accesos deberían estar cerrados, deberían estar tapiados. Si hubieran estado tapiados, tal y como se recogía en el proyecto de 2019 y en el de 2021, evidentemente el accidente no hubiera tenido lugar».
La diputada también puso el foco en las deficiencias documentales detectadas durante los trabajos de la comisión: «La mayoría de la documentación administrativa aportada no cumple con el requisito legal de expediente administrativo. Es más bien un montón de documentos deslavados, sin orden. Esto dificultó bastante las labores de la comisión», explicó. De hecho, añadió que esta circunstancia se recoge como una de las recomendaciones de actuación inmediata.
Respecto al informe de la Inspección General de Servicios, del que el presidente Barbón «saca pecho de forma continuada», Tomé señaló que coinciden en parte con su análisis, pero que el documento oficial no recoge la incompatibilidad entre los proyectos de 2019 y 2021, «que es fundamental, que es nuclear en todo esto». «Nuestro dictamen no es en absoluto aguado ni descafeinado en cuanto a las conclusiones y en cuanto a las propuestas«, subrayó.
El borrador del dictamen identifica a siete personas con responsabilidad política directa o de supervisión, con incumplimiento de deberes específicos, y solicita su reprobación política:
• Alberto Quirino Vázquez Martínez, jefe de sección.
• Santiago Berjano Serrano, jefe de servicio.
• Gonzalo Martín Morales de Castilla, secretario general técnico y asesor jurídico.
• Belarmina Díaz Aguado, directora general de Minas y posteriormente consejera competente en la materia.
• Nieves Roqueñí Gutiérrez, consejera competente en materia de minas (agosto 2023 – marzo 2025).
• Enrique Fernández Rodríguez, consejero competente (julio 2019 – agosto 2023).
• Isaac Pola Alonso, director de Área de Infraestructuras Industriales de IDEPA y viceconsejero competente en materia de minas.
El dictamen también señala responsabilidades institucionales de la Administración autonómica por incumplimiento de la obligación de verificar la solvencia del cesionario, ausencia de procedimientos sancionadores por incumplimiento de garantías financieras, autorización de permisos sin cobertura normativa ni evaluación ambiental, deficiencias estructurales en el sistema de inspección minera y la responsabilidad directa del IDEPA.
Tomé recordó que el accidente previo de 2022 fue calificado como infracción grave en lugar de muy grave, lo que derivó únicamente en una sanción económica. «Si hubiese tenido la consideración de infracción muy grave, la consecuencia hubiera sido un cierre inmediato de la mina y, por lo tanto, una vez más se hubiese evitado el accidente de 2025. No tuvo consideración de infracción muy grave, se solventó con una multa económica, y como consecuencia, en 2025, la mina continuaba abierta, extrayendo carbón de forma ilegal», denunció.
El dictamen recoge seis recomendaciones de ejecución inmediata (plazo máximo de tres meses), entre las que destacan:
• Moratoria total sobre los permisos de investigación complementaria y revisión de oficio de todos los vigentes en Asturias.
• Incoación inmediata de todos los procedimientos sancionadores pendientes.
• Ordenación de los expedientes administrativos mineros.
• Anticipo de indemnización a las víctimas y sus familias.
• Traslado del dictamen y toda la documentación al Ministerio Fiscal para que valore la existencia de indicios de responsabilidad penal.
A corto plazo (un año), el dictamen propone implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas con objetivos medibles, el cruce de datos operativos con registros portuarios y de lavaderos, la revisión de la RPT en los ámbitos de inspección sectorial y una coordinación efectiva entre los agentes de medio natural y la inspección minera, una carencia que quedó patente durante los trabajos de la comisión.
Entre las recomendaciones estructurales a medio y largo plazo figura el desarrollo de una normativa minera propia del Principado de Asturias, dado que la legislación vigente es, a juicio de Somos Asturies, anticuada y completamente desfasada, así como medidas de mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero. Tomé recordó que desde el inicio la comisión fijó tres objetivos: «poner siempre en el centro a las familias, no olvidar en ningún momento sus pérdidas; depurar responsabilidades políticas; y detectar fallos de funcionamiento que se puedan solventar para evitar la repetición de accidentes evitables».
«Voy a dejar de hablar de accidente porque la desgracia que ocurre en Ferreo no fue un accidente, no fue imprevisible ni inevitable. Si se hubiese actuado de otra manera, probablemente el resultado hubiera sido completamente diferente», reiteró Tomé.