Por Carmen Basteiro La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha presentado en la Xunta Xeneral el informe Análisis Jurídico y Valoración Económica de la Situación Actual de la Autopista del Huerna (AP-66), encargado por Grupo Mixto-Covadonga Tomé y Somos Asturies. Se trata de un documento elaborado por Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, de la Universidade da Coruña, que también fueron los autores del estudio sobre la situación de la AP-9 (encargado por el BNG).
El informe está al alcance de toda la ciudadanía en la página web y las redes sociales de Somos Asturies.
Las conclusiones de este informe, apuntó Tomé, no dejan lugar a dudas: “Avala lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo; no hay ningún motivo jurídico ni económico que justifique mantener el peaje”.
covadonga tomé
«No se trata de rescatar una autopista, eso tendría otro debate político. Se trata de anular un peaje cuya prórroga se ha demostrado ilegal”.
Sobre el punto de vista jurídico intervino Aymerich, catedrático y profesor titular de Derecho Administrativo de Universidade da Coruña. “Existe una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde una sentencia de 2019 sobre la prórroga de la autopista italiana A22”, explicó.
Esta sentencia establece varios puntos cruciales: prorrogar una concesión de autopista supone una modificación sustancial del contrato, esa modificación no puede adjudicarse directamente a la concesionaria anterior y debe someterse a nueva licitación. Si no se hace así, la prórroga constituye una adjudicación ilegal.
“Esta jurisprudencia es la que llevó a la Comisión Europea a reclamar explicaciones al Gobierno español, primero en el caso de la AP-9 en Galicia y ahora en el caso de la AP-66”, señaló Aymerich.
“Tras el dictamen del 17 de julio, que concluye que la prórroga del año 2000 (del Gobierno de Aznar, con Álvarez-Cascos de Ministro) es ilegal, el Gobierno tiene la posibilidad de iniciar una revisión de oficio, con informe preceptivo del Consejo de Estado, que culminaría en la anulación de la prórroga”
carlos aymerich
“Sin embargo, el ministro Puente prefiere esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia, lo que puede tardar años, durante los cuales los ciudadanos de Asturias seguirán pagando peajes”, explicó Carlos Aymerich. Dejó claro que el argumento de Puente de que “sería económicamente inasumible” no se ajusta a la realidad: “No procede indemnizar el lucro cesante en anulaciones por ilegalidad”.
Esto, explicó el también catedrático José Antonio Blanco, implica que solo corresponde indemnizar el valor de la concesión. “Se están defendiendo las bonificaciones, que suponen 674 millones de euros hasta 2050; mientras que el valor de mercado (lo que realmente habría que abonar en este caso) es menos de la mitad de esta cifra”.
Blanco explicó que la empresa matriz Itínere, de la que depende Aucalsa, tiene un valor de mercado total de 1.900 millones. Aucalsa tiene un peso del 15 por ciento, lo que sitúa su valor de mercado en 285 millones de euros.
José antonio blanco
“El valor de la concesión está en torno a 280 millones de euros, frente a los 674 millones que suponen las bonificaciones”.
Los gastos de conservación anuales se cifran en 4,8 millones de euros anuales; así que la cifra de supresión sigue siendo mucho más baja a la bonificación.
Covadonga Tomé explico que el informe será enviado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo y al Ministro Óscar Puente.
Tomé insistió en que “tenemos que ir todos de la mano. Tenemos de nuestra parte tanto los argumentos jurídicos como los económicos”. También llamó la atención sobre que “la postura actual del Gobierno, de esperar a los tribunales, supone un gasto de las arcas públicas y aboca a los asturianos y las asturianas a seguir pagando el peaje durante años”.
Puedes consultar aquí el análisis jurídico y valoración económica de la situación actual de la autopista del Huerna / Güerna (AP-66): Informe completo